20231114 – Riesgos penales tras la ley 2/2023, de 20 de febrero – Bernardo Feijoo

El responsable de Compliance Penal (Compliance Officer) tiene como función esencial la de supervisar el funcionamiento y la observancia del Sistema de Gestión del Compliance Penal con el fin de proteger a la persona jurídica para la que desempeña sus funciones de la responsabilidad penal que pueda derivar de eventuales incumplimientos o delitos cometidos por otros integrantes de la organización. En palabras de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, “deberá participar en la elaboración de los modelos de organización y gestión de riesgos y asegurar su buen funcionamiento, estableciendo sistemas apropiados de auditoría, vigilancia y control para verificar, al menos, la observancia de los requisitos que establece el apartado 5 del artículo 31 bis pues un ejercicio insuficiente de sus funciones impedirá apreciar la exención”. Esto significa que tendrá éxito si la persona jurídica no responde y fracasará en sus funciones en caso contrario.

Sus riesgos penales profesionales están estrechamente vinculados, por lo tanto, a los defectos que se puedan detectar en el Sistema de Gestión de Compliance Penal. ¿Tiene razón o no la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado cuando afirma que “la exposición personal al riesgo penal del oficial de cumplimiento no es superior a la de otros directivos de la persona jurídica”? ¿Puede que sea, incluso, inferior teniendo en cuenta que ninguna persona ha sido siquiera enjuiciada en España debido a que una persona jurídica carezca de un modelo de gestión de los riesgos penales adecuado o tenga un sistema de Gestión del Compliance Penal deficiente?

En la primera parte de la sesión se repasará en qué supuestos y bajo qué condiciones un sistema defectuoso de gestión del Compliance Penal podría, además de generar responsabilidad penal para la persona jurídica, provocar la responsabilidad penal de las personas físicas responsables de su funcionamiento y supervisión (Órgano de Compliance Penal). Se buscarán respuestas a cuestiones como: ¿Sólo responde penalmente el Compliance Officer si responde la persona jurídica? ¿Podría el Compliance Officer ser culpable de un delito, aunque no responda la persona jurídica? 

Desde estas premisas se analizará en la segunda parte de la sesión la responsabilidad penal de responsable del Sistema de información. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción establece que el Sistema Interno de información debe contar con un responsable del sistema. Ello se enmarca en la finalidad de fortalecer y fomentar la cultura de la información o comunicación y las infraestructuras de integridad de las organizaciones como mecanismos para prevenir y detectar amenazas al interés público.

¿Qué encierra mayores riesgos penales? ¿La actividad general vinculada al sistema de gestión de cumplimiento penal o la actividad específica de la gestión del Sistema de Información? ¿Se trata de riesgos penales equivalentes o complementarios? ¿Está sometido a mayores riesgos de enjuiciamiento el Compliance Officer o el órgano de cumplimiento si, además, es nombrado responsable del Sistema de Información?