Escrito por Fernando Osuna Martínez-Boné, Socio de ASCOM, Certificado CESCOM®
¿Es la negativa a aportar documentación que incrimine a la persona física o jurídica -previamente requerida por el órgano judicial- una manifestación de su derecho a no declarar contra sí mismo? ¿Dispensa nuestro ordenamiento jurídico al investigado de aportar aquella documentación que obre en su poder y que le pueda perjudicar?
Estas y otras cuestiones trataremos de abordar en el presente artículo, a través de un análisis jurisprudencial y doctrinal en torno a la posición de la persona jurídica en el proceso penal español tras ser requerida judicialmente para la entrega de determinada documentación que la perjudique o autoincrimine.